El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió este lunes la declaración indagatoria de la diputada nacional por Cambiemos y otras personas en una causa por presunta defraudación contra la administración pública cuando Ayala se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales de la Nación.
Lunes, 22 abril 2019
En el marco de la causa iniciada por una denuncia del
intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, el fiscal federal de Resistencia,
Patricio Sabadini, solicitó este lunes que se cite a prestar declaración
indagatoria a la actual diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, imputada
por el presunto delito de fraude contra la administración pública durante su
paso por la Secretaría de Asuntos Municipales de Nación. El pedido formulado
ante la jueza federal Nº 1, Zunilda Niremperger, también alcanza a Matías
Balmaceda Paiva, Miguel Vilte y Claudio Tolosa.
El fiscal imputó a Ayala como presunta autora del delito de
fraude en perjuicio de la administración pública y a Balmaceda, Vilte y Tolosa
como partícipes necesarios en el mismo delito.
Según el requerimiento de instrucción del fiscal Sabadini,
“ha quedado acreditado que bajo dirección de la Sra. Aída Ayala, quién se
desempeñaba como Secretaría de Asuntos Municipales, se efectuaron maniobras
direccionadas a la compra y contrato cuyo proveedor en todos los casos ha sido
el Sr. Claudio Alejandro Tolosa, siendo palmarios los sobreprecios de los
elementos adquiridos”. En ese sentido, describe que esas operatorias se
concretaron “mediante las firmas de Convenios entre la Municipalidad de
Quitilipi y la Secretaría de Asuntos Municipales, dirigida en ese momento por
la Sra. Ayala”.
De acuerdo a la investigación preliminar de Sabadini, los
fondos que se enviaban al municipio de Quitilipi estaban direccionados a
Claudio Alejandro Tolosa, para lo cual los Sres. Balmaceda Paiva y Vilte
efectuaban las operaciones, presentándose como miembros de la Fundación
Construir, la think tank que motorizó la campaña electoral de Ayala. Al
respecto, el funcionario del Ministerio Público Fiscal consideró que las
operaciones se encuentran acreditadas en la causa mediante copias de copias de
convenios, contratos, y órdenes de pago”.
Para el fiscal, “llama poderosamente la atención que el Sr.
Tolosa se encontraba registrado en AFIP como propietario de Service Hogar con
categoría de monotributista cuya actividad era la reparación de
electrodomésticos de refrigeración, sin embargo proveyó al Municipio de
Quitilipi de desmalezadoras, fumigadoras, soldadoras, carretillas, palas,
motoguadañas, motosierras, hidrocavadoras, compresor, acoplado rural, tanques,
etc, por la suma en esa ocasión, de casi un millón de pesos, no contando con
local comercial para esta actividad”.
Revela el escrito que también se efectuó la compra de
elementos de oficina, artículos de electricidad a Tolosa, “quien estaba
señalado por la Sra. Aida Ayala como único destinatario de las transferencias
de dinero que se gestionaban mediante la Secretaría de Asuntos Municipales y
por lo cual todos los convenios se realizaban con Service Hogar, lo que no
podía ser cuestionado por el intendente de Quitilipi, ya que las operaciones se
efectuaban con la condición de que las compras se realicen a Tolosa”.
Los sobreprecios
En cuanto a las significativas diferencias de precios en las
compras efectuadas a Service Hogar, Sabadini señala que quedó acreditado
mediante informes de precios “pudiendo advertirse la notoria diferencia entre lo
abonado al Sr. Tolosa y el precio real de dichos elementos en la fecha en que
se efectuaron las operaciones, lo que produjo un grave perjuicio sobre el
patrimonio de la administración pública”.