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lunes, 3 de diciembre de 2018

PRESIDENCIA ROCA LAVADO III EL INTENDENTE BATALLA COMPLICADO

FUENTE: EST. NELSON MANDELA DDHH
Se construyeron 90 de un total de 246 viviendas que debieron ejecutarse o mejorarse en la localidad de Roca con los fondos públicos de los programas Federal de Integración Socio-Comunitaria y de Viviendas y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales. 
Lo ocurrido en Roca es un espejo –en distintas dimensiones- de lo que pasó en Villa Río Bermejito, Castelli y Tres Isletas, entre otros municipios, que dieron origen a denuncias que generaron investigaciones que se encuentran en distinto grados de avance. 
El Concejo de la Municipalidad fortinera se involucró en la investigación e inicialmente determinó que no sólo no se construyeron todas las viviendas, sino que ese fenómeno de subejecución se produjo respecto de la planta de tratamiento de residuos urbanos, pavimento urbano y reservorios para acumulación de agua destinado a abastecer a la población. Esto también se produjo en el municipio de Juan José Castelli, especialmente en materia de construcción de reservorios para cosechar agua que todavía no está investigado por la Justicia Federal, pero que se comienza a impulsar desde el Centro Mandela. 
El Municipio de Roca probablemente se resume los dos casos más certeros de corrupción que organizaron y ejecutaron en territorio chaqueño, uno de los cuales se investiga en Comodoro Py. Como en Villa Río Bermejito y Castelli, en Roca se habría producido una gran estafa en materia de construcción de viviendas y mejoramientos habitacionales para familias pobres, estrechamente vinculada con el valijero del bolsero José López, y las que se investigan en causas en donde figura procesado el ex rector de la UNCAUS y ex secretario de Medio Ambiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación (JGM), Omar Judis, además del propio Jorge Capitanich, aunque éste únicamente en lo vinculado con el manejo de la basura. Operaron dos organizaciones, que habrían sido conducidas por José Hipperdinger y Omar Judis, quienes están siendo investigadas en diversas causas federales. 
El intendente Jorge Batalla será investigado y ¿podría ordenarse su detención? 
En la causa Lavado III están detenidos los intendentes Lorenzo Heffner y Oscar Alberto Nievas. Ahora queda la incógnita si seguirá el mismo camino el intendente de Roca. 
Lo hechos ya están denunciados ante la Fiscalía Federal, con aportes iniciales que fácilmente podría conducir un requerimiento del fiscal Patricio Sabadini ante la juez Zunilda Niremperger. El Concejo hizo su aporte, complementado posteriormente por una segunda iniciativa. Sugestivamente, desde que se comenzaron a mover fuerzas internas en el Municipio de Roca, se presiona al Concejo Municipal. 
Uno de los hechos más escandalosos fue el robo o la “desaparición” de documentación que estaba archivada en el Concejo. La documentación eliminada dio sustento a la denuncia realizada, aunque podrá ser reconstruida con los respaldos que están en manos del intendente y, como fuente secundaria, pueden ser obtenidas en el actual Ministerio del Interior y Obras Públicas del gobierno de Mauricio Macri. 
En el auto de procesamiento que dictó la juez Zunilda Niremperger respecto del intendente Nievas, la magistrada solicitó una importante medida dirigida al Ministerio del Interior. Se trata de una auditoría integral de diversos programas de viviendas que se ejecutaron en municipios chaqueños durante el kirchnerismo, que tuvo como estrella central de financiamiento a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, encabezada por el bolsero José López. 
De los primeros controles efectuados en el Concejo Municipal de Roca, se estima que más de 8 millones de dólares implicaría el movimiento de fondos que debieron destinarse a la ejecución de obras durante la gestión del intendente Batalla. Esos fondos debieron utilizarse a la construcción de viviendas populares, planta de tratamiento de residuos, reservorios de agua y pavimento entre otros. De acuerdo a la denuncia presentada ante la Justicia Federal, la mayoría de esas obras no han sido construidas, pese a que los fondos fueron transferidos a la Municipalidad. 
La aceitada y ágil organización del valijero y Cía. 
El que se presentó a la Justicia fue el ex secretario del Concejo Municipal, Facundo Sebastián Silvestri, removido por los concejales Dora Graciela Ruchinsky y Oscar Elpido Borda apenas comenzó a indagar en la documentación. Los destituyentes aparentemente actuaron bajo una orden concreta del mandamás de pueblo. 
Según la denuncia que presentara Silvestri ante el fiscal Federal de Sabadini, en 2012 el intendente Jorge Batalla firmó varios convenios con el Instituto de Viviendas de la Provincia (IPDUV) para el mejoramiento de viviendas recuperables. Los mejoramientos debían ejecutarse de la siguiente manera: 40 unidades a través de cooperativas y 50 por administración municipal. De ese total apenas se ejecutaron 20 mejoramientos de viviendas, señaló Silvestri. 
Además, durante los años 2014/2015 la Municipalidad de Roca firmó convenios para la construcción de 140 viviendas del Programa Federal de Viviendas y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales. Solamente construyeron 67. El denunciante agregó  que “fueron entregadas incompletas, le falta la instalación de cocina o baño”. 
Roca también entró en la red de contrataciones de empresas de José Hipperdinger, quien finalmente ha sido la figura estelar que operativamente se repitió en los casos que luego fueron investigados por la Justicia Federal por los hechos ocurridos en Villa Río Bermejito, Castelli y Pampa del Indio, entre otros municipios. 
Según relató Silvestri, Hipperdinger era una persona “asidua” al Municipio y mantenía trato directo con el intendente Batalla. El manejo de fondos era también directo. La Secretaría de Obras Públicas de la Nación transfería los recursos a la Municipalidad de Presidencia Roca a una cuenta institucional habilitada en el Banco Nación, Sucursal General San Martín. Apuntó el denunciante que tenían acceso a esa cuenta los secretarios de Economía, Gustavo Latapie y de Gobierno, Fabio Rodríguez Derli. 
Cooperativas que no hacían nada 
También en 2015  la Municipalidad de Roca firmó un convenio con el IPDUV para la construcción de 16 viviendas, las que debieron construirse a través de cooperativas. No se construyó ninguna unidad hasta la fecha de la denuncia de Silvestri, que fue realizada el 29 de octubre pasado. 
Como en Tres Isletas, se formaron cooperativas que aparentemente nacieron para justificar los negocios. Establecieron sus domicilios en una dependencia Municipal, que fue el Centro Integrador Comunitario (CIC). Así surgieron la Cooperativa de Trabajo El Fortín 2 Ltda., la Cooperativa de Trabajo CIC, la Cooperativa de Trabajo Evita y la Cooperativa de Trabajo Río Bermejo. Se desconoce la composición de tales cooperativas y si efectivamente los fondos fueron transferidos por el IPDUV. Para la ejecución de la obra el Municipio donó la Parcela 40 al IPDUV. 
Pocos adoquines baratos por pavimento más caro 
Batalla firmó otro convenio con la Secretaría de José López para la ejecución de 15.000 metros cuadrados de pavimento urbano, 6.000 metros lineales de cordón cuneta y 6.000 metros lineales de veredas. El dato más importante que en Roca no se construyó ni un metro cuadrado de pavimento. 
Adoquinaron 1.200 metros cuadrados (2 cuadras) en Avda. Ejército Argentino, entre Avda. General San Martín y calle Mayor Hermello. Pusieron 1.800 metros cuadrados de adoquines (3 cuadras) en Avda. Armada Nacional, entre Avda. General San Martín y calle Salta. Finalmente adoquinaron una cuadra en calle Formosa, entre Av. Argentino Roca y Comandante Ing. Host. Eso fue todo, pese a que el Municipio de Roca recibió fondos para pavimentar 15.000 metros cuadrados. O sea que faltan 11.400 metros cuadrados. En las arcas del municipio no están en reserva los fondos para continuar la construcción faltante. 
En definitiva ninguna calle fue pavimentada, sino que se utilizaron adoquines baratos, muy mal trabajados respecto a la preparación del suelo. “El pavimento intertrabado no se realizó en ninguna calle de Roca”, dice la denuncia. Las obras presuntamente estuvieron a cargo de contratistas que trabajaron para José Hipperdinger. 

El equipo de Judis 
En el fatídico año 2015 para Roca, la Municipalidad firmó un convenio con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Judis y Jorge Capitanich ocuparon tales cargos. Acordaron financiamiento nacional para la construcción de nueve reservorios de agua para el casco urbano y la zona rural, como también una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y otras acciones vinculadas al medio ambiente en el marco del Programa GIRSU. 
Inicialmente se detectaron irregularidades en la entrega, cumplimientos de convenio, manejos y rendiciones de fondos nacionales en 20 municipios auditados de un total de 47. Este fue el resultado de la investigación efectuada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en Chaco. En ese ámbito se amplió la investigación sobre otros municipios. 
Se contrató para la ejecución de las dos obras (Planta de Tratamiento de Residuos y reservorios de agua) a la empresa Varevial, originaria de Presidencia Roque Sáenz Peña. Los titulares serían Jorge Raúl Varela y Nelson Varela. El sitio saenzpeñense Opción de Noticias en 2015 publicó una nota titulada “Los Varela: de panaderos a millonarios”. Allí se trataba el presunto incremento patrimonial de esos empresarios. En la publicación de la nota, en redes sociales, una mujer con el mismo apellido manifestó al medio que los llevaría a la Justicia, a lo que siguió que la nota fuera borrada de la web. 
Sin embargo, el trabajo de investigación, control y auditoría que realizó la FIA concluyó señalando que “de la rendición de cuenta se observó que más del 97% del monto total otorgado fue facturado a Jorge Raúl Varela, a través de 4 nombres de fantasía, habiéndose encargado todas las tareas”. 
La empresa Varevial ya tenía antecedentes acumulados en la construcción de reservorios. Había cobrado fuertes sumas de fondos públicos en 2014 en concepto de movimientos de suelo en la Municipalidad de La Clotilde. En la nota, que se borró de la web, se detallaba que con esos trabajos se produjeron los más importantes ingresos para la empresa. 
Para los trabajos del Programa GIRSU, según el denunciante Silvestri, también se contrató a la empresa Varevial. Se menciona a la Municipalidad de Roca como una de las metas de investigación en la causa relacionada al financiamiento de la Jefatura de Gabinete para la construcción de plantas de tratamientos de residuos en numerosos municipios del Chaco, que está en Comodoro Py, en el juzgado de Claudio Bonadío. 
En 2014, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la JGM envió la suma de 3.500.000 pesos a ese municipio para la construcción de la planta, celdas de disposición final, acciones de saneamiento y campañas de concientización sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos. 
Judis, como ex secretario de Ambiente, está procesado en esa causa por el juez Bonadío. Con él, por la provincia del Chaco, también lo están Jorge Capitanich -como ex jefe de Gabinete- y el abogado Jorge Alcántara, en su condición de ex jefe de Gabinete de Asesores. En esa investigación, además, se reveló un dato importante consistente en que en el período 2013/2015 la Jefatura de Gabinete de la Nación dispuso un presupuesto de 604.529.670,17 de pesos para todo el país destinados para financiar programas de Gestión de Residuos Sólidos. La suma de 180.000.000 (30% del total)  fueron orientados al Chaco, que sólo generaba el 0.81% de toda la basura de Argentina. En su momento, este dato fue llamativo, aunque ahora resulta más entendible la razón del privilegio chaqueño. 
De un muestreo de 121 municipios que debieron ejecutar obras con esos fondos, de los cuales cerca de 50 estaban en territorio chaqueño, apenas un 18% cumplió con la ejecución de las obras. El resto lo hizo de manera parcial o directamente no construyeron la obra ni desarrollaron las metas del GIRSU, pese a que recibieron la totalidad de los recursos. 



sábado, 1 de diciembre de 2018

Paradoja judicial: "Condenados de Cambiemos sin prisión y prisioneros Peronistas sin condena”


FUENTE:DIARIONORTE.COM
El diputado provincial Juan Manuel Pedrini evaluó la actuación de la justicia en distintos hechos que incluyen a ex-funcionarios provinciales y a ex-intendentes de la provincia. El legislador chaqueño recordó que en los últimos días la sociedad chaqueña fue testigo de dos hechos judiciales: uno en sede provincial y otro de jurisdicción federal.
1 de Diciembre, 2018
Así, dijo que en exministro de Salud, integrante de la coalición partidaria "Cambiemos" fue condenado por hechos de corrupción a tres años de prisión "en suspenso". “O sea, está libre, luego de haberse acreditado en modo fehaciente y en sede judicial malversación de caudales públicos con diez (no uno) hechos de corrupción en concurso real”, detalló.
Mientras tanto, a un intendente de la oposición a "Cambiemos", acusado de delitos contra la administración pública, “se le dictó prisión preventiva y obviamente efectiva, porque podría obstruir el accionar judicial o fugarse”, agregó. En síntesis, “un dirigente político de Cambiemos al que se le probó, según sentencia firme, diez hechos de corrupción en concurso real goza de libertad ambulatoria; mientras tanto, un intendente, integrante del frente opositor a Cambiemos, que está acusado pero al que no se le probó ningún ilícito y por lo tanto debería gozar del principio de presunción de inocencia previsto en la Constitución Nacional y esperar su juicio en libertad, está detenido”.
“En buen romance, se trata de otro preso peronista sin condena y de otro radical condenado y libre”, destacó Pedrini.

TAMBIÉN DECLARARÁN OTROS DIRECTIVOS DE AUSTRAL CONSTRUCCIONES


FUENTE:DIARIONORTE.COM
Biancalani deberá prestar indagatoria el 10 de diciembre
El pedido lo hizo el fiscal federal en una causa por evasión impositiva. Además están convocados Jorge Chueco, Julio Mendoza y Leandro Báez.
30 de Noviembre, 2018
El ex -senador nacional Fabio Biancalani deberá prestar declaración indagatoria el 10 de diciembre en una causa por evasión fiscal, que comenzó con la denuncia presentada por la AFIP.

Y en esta causa, a diferencias de otras, no se están investigando hechos de corrupción pero eso no implica que entre los imputados aparezcan nombres muy importantes como el ex-senador y los empresarios de la construcción.                                          
En realidad la causa es por la supuesta evasión que cometió la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez y la filial chaqueña, Sucesores de Adelmo Biancalani, firma que fue allanada a comienzos de 2016 por otra causa que está en juicio.
Ese allanamiento permitió analizar la documentación que sirvió para que el fiscal Patricio Sabadini presente un requerimiento contra los empresarios y al ex senador nacional por el Chaco.
En su momento NORTE dialogó con Biancalani por esta causa y explicó que no tiene nada que ver con estas empresas. Además se mostró sorprendido por la decisión de llamarlo a declarar en el juzgado federal
Con el paso del tiempo esta causa quedó fuera del radar de los medios pero hace poco tiempo el fiscal pidió que se le tome indagatoria y la jueza respondió en forma favorable al reclamo del funcionario del Ministerio Público.

Otros convocados
Además de Biancalani está convocado, para que se presente el mismo día ante juzgado federal pero dos horas más tarde, el empresario Jorge Chueco.
Al día siguiente deberían asistir otros dos empresarios más: Julio Mendoza y Leandro Báez, otras dos personas muy ligadas al imperio que supo construir en poco tiempo el empresario ligado a las K.
Pero en este expediente no se están analizando los contratos ni las obra sino que es por la forma en que trataron de evadir millones de pesos en impuestos con varias medidas, entre ellas la utilización de facturas truchas.
Más concretamente en medios de prensa se indicó que “acusan a Biancalani por formar parte de Sucesores de Adelmo Biancalani. Chueco y Bustos, fueron administradores judiciales de la sucesión”.
En el primer requerimiento el fiscal apuntó contra quiénes surjan como presidentes, integrantes del Directorio, socios, representantes o responsables de Austral Construcciones que tiene o tenía más del 83 por ciento Sucesión de Adelmo Biancalani.

Corregido: “La Corte Suprema maniató la defensa de los derechos colectivos de los chaqueños”

FUENTE: CHACODIAPORDIA.COM
El Defensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, consideró que el fallo de la Corte Suprema de la Nación que determinó que los defensores del pueblo provinciales no tienen legitimación para cuestionar normas dictadas por autoridades nacionales es un hecho “triste” que “maniató la defensa de los derechos colectivos”.
 Viernes, 30 noviembre 2018
Gustavo Corregido, Defensor del Pueblo del Chaco.

En un fallo inédito, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que los defensores del pueblo provinciales no tienen legitimación activa para cuestionar normas dictadas por autoridades nacionales. Fue en relación a la intervención del Defensor del Pueblo del Chaco quién impulsó una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte cuestionando el aumento de la tarifa del servicio de transporte de pasajeros interprovincial Chaco – Corrientes dispuesto en el año 2013.

martes, 27 de noviembre de 2018

Desde SECHEEP explican sobre facturación, costo de energía comprada y razones crediticias

El Servicio Energético del Chaco Empresa del Estado Provincial, señaló que, "por razones judiciales, hecho conocido y mencionado públicamente, debió realizar un proceso de re-facturación que produjo un atraso temporal respecto a las fechas de vencimientos originales de cada facturación mensual".
Domingo, 25 noviembre 2018                                                
Destacó que, así, “se acumuló una demora de cuatro meses, a tal punto que, si se hubiera procesado el sistema comercial en forma normal, la empresa debería haber facturado hasta el consumo de julio y agosto 2018 inclusive, y hoy se alcanzó el proceso hasta el periodo marzo-abril 2018.
Por ello, para normalizar el cobro, sin afectar la economía individual de cada usuario, se consideró adecuado prorratear las facturas de los meses atrasados en doce meses, sin cargar ningún tipo de intereses. Se dividió cada periodo en tres cuotas, y cada una de ellas se incorpora a los periodos desde septiembre de 2018 en adelantes (un tercio de dichos meses hasta su culminación) sin adicionar ningún tipo de recargo, es decir a valores históricos.
Se resalta que SECHEEP adquiere energía que contiene el costo de generación, la del propio mercado mayorista y el transporte hasta su llegada a la provincia y luego distribuida a los usuarios. Por lo tanto, NO determina el precio de la energía que recibe”.
Visión financiera de acreencias pendientes de cobro
“Desde la visión financiera se está en condiciones de afirmar que por energía ya entregada y consumida por los usuarios en los periodos desde mayo a agosto de 2018, la empresa energética posee acreencias del orden de los $ 1.493,8 millones; a lo que se debe adicionar lo referente a los meses de septiembre y octubre de $ 1.002,90.
De esta manera, podemos destacar que las facturas por cobrar por electricidad entregada y usada por los usuarios ascienden a los $ 2.496,80 millones en un plazo total de cobro de 12 meses.
Costos imputados y créditos reconocidos por CAMMESA
Como se produjo el atraso en el proceso de cobro mencionado, la empresa no tuvo posibilidad de cumplir los pagos adeudados a la empresa Mayorista, y esa situación llevo a que se tuviera un desequilibrio financiero por la diferencia existente entre la fecha de vencimiento de la factura de CAMMESA, y la fecha de vencimiento de las facturas de Secheep en dicho periodo.

lunes, 26 de noviembre de 2018

En la tarde de este lunes se entregó el intendente Nievas ante la Justicia Federal

FUENTE:CHACODIAPORDIA 
Así lo confirmó el fiscal Patricio Sabadini, a media tarde de este lunes. Desde fuentes vinculadas a la causa, señalaron que el jefe comunal, confiado en demostrar su inocencia se presentó en horas de la tarde en la sede capitalina de la Gendarmería Nacional. "Decidió hacerlo ante diferencia de criterios de los Tribunales federales y provinciales", se sostuvo.
Lunes, 26 noviembre 2018
El intendente de Juan José Castelli, Oscar Alberto Nievas, se entregó en las primeras horas de la tarde de este lunes ante la Justicia Federal, tras conocerse el procesamiento dictado por la Jueza Zunilda Niremperger.
En la causa conocida como “Lavado III”, el jefe comunal está siendo investigado por el presunto desvío de fondos nacionales que debían destinarse a la construcción de viviendas por parte de cooperativas para comunidades indígenas.
Y, en la jornada de este lunes, fue procesado por los delitos de lavado de dinero agravado por habitualidad como ser miembro de una banda y funcionario público, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

sábado, 24 de noviembre de 2018

Nuevo rumbo en la causa Lavado III: Hábeas Corpus suspendió la detención de Nievas


FUENTE:DIARIONORTE.COM
El fallo recientemente conocido fue firmado por la jueza María de las Mercedes Pereyra, a cargo del Juzgado de Garantías N°1.
La causa denominada Lavado III, que pone al Intendente de Castelli, Alberto Nievas en el centro de la escena, tuvo un nuevo rumbo.
 24 de Noviembre, 2018
Tras darse a conocer ayer que Cámara Federal de Apelaciones resolvió que las inmunidades que tienen un intendente no impiden la detención ordenada por un juez competente dentro de una investigación penal, en las últimas horas, un Habeas Corpus detuvo la detención del Intendente.
El Juzgado de Garantías N° 1 de la provincia a cargo de la Dra. María de las Mercedes Pereyra dio lugar al recurso de Habeas Corpus solicitado por la defensa del Intendente de la Ciudad de Castelli Oscar Alberto Nievas mediante el cual determina “dejar sin efecto toda orden de detención que recaiga sobre el mencionado, mientras permanezca bajo la vigencia de la inmunidades que le confiere el Art. N° 195 de la Constitución de la Provincia del Chaco”.