El Gobierno desistió de terminar el Gasoducto del Nordeste,
obra concebida para importar gas boliviano cuando no existía la oferta
potencial de Vaca Muerta. Para la gestión de Cambiemos ya se gastó demasiado y
señalaron presuntas irregularidades.
Lunes, 10 septiembre 2018
El gobierno nacional decidió no terminar el Gasoducto del
Nordeste.
El Gobierno Nacional desistió de terminar el Gasoducto del
Nordeste. No se trata de una postergación ni un replanteo sino que se decidió
abandonar cientos de kilómetros de cañerías instaladas con el argumento de que
durante más de una década el Estado desembolsó casi 2300 millones de dólares,
el doble de su presupuesto original, a través de licitaciones en las que la
Sindicatura General de la Nación (Sigen) identificó vicios que irían desde la
falta de planificación a licitaciones amañadas y sobreprecios.
La determinación que Javier Iguacel tomó como ministro de
Energía deja en suspenso el destino de un tendido en el que durante más de una
década el Estado desembolsó casi 2300 millones de dólares, el doble de su
presupuesto original, a través de licitaciones en las que la Sindicatura
General de la Nación (Sigen) identificó “vicios” que irían desde la “falta de
planificación” “a licitaciones amañadas y sobreprecios”, indicó el diario
Clarín.
Se trata de una obra pública que el otrora Ministerio de
Planificación decidió ejecutar en etapas, abriendo el juego a muchos oferentes,
algunos de renombre, otros ignotos en el rubro y varios ahora complicados con
la investigación sobre el dinero negro que empresas privadas pagaron a
funcionarios en el marco de la obra pública. Entre ellas Vertúa, que debía
ejecutar el primer tramo del ducto (EPC1), que en Salta permitiría conectar
todo el tendido con la cuenca boliviana.
A pesar de los anticipos de dinero, el contratista no
concluyó la tarea y en un concurso reciente, Ieasa (sucesora de la estatal
Enarsa) relicitó ese fragmento a través de una compulsa que ganó la
constructora de Techint. Pero la posibilidad de que Argentina sea superavitaria
en gas, unida a las restricciones fiscales, hicieron que el Gobierno tomara la
decisión de no construirlo, abortando el proyecto tal como fue concebido.
El primer desafío oficial es darle un uso a los 3018
kilómetros de caños, troncales y de aproximación, so pena de que se transformen
en un monumento al despilfarro de fondos públicos. El renunciado titular de
Enarsa, Hugo Balboa, había imaginado utilizarlo para almacenar el gas que sobra
en verano. Según Ieasa, hoy una porción del tendido se está utilizando para
llevar gas por redes a una docena de localidades santafesinas y algo similar
ocurriría con otras del Chaco. Principio del flujo inverso del gas: del sur al
norte.
La decisión descarta de hecho a Bolivia como proveedora a
futuro de los 26 millones de metros cúbicos diarios comprometidos en un
contrato que vence en el 2026 y que algunos especialistas reivindican como “el
más barato” de los importados. También representa rescatar sólo parcialmente la
enorme infraestructura esparcida por el Nordeste a través de contratos dados de
baja, aún sin la conclusión de las obras.
El GNEA fue licitado por tramos a partir del 2007 y debía
estar terminado en el 2009. Pero las sucesivas modificaciones y controversias
con los oferentes de cada tramo extendieron los plazos y multiplicaron con
creces su presupuesto inicial.
A poco de asumir Mauricio Macri, Enarsa pidió una auditoría
general de la obra a la Sigen, concluida en abril del 2017. Este trabajo
identificó algunos pecados de origen como la falta de estudios de preinversión
y análisis de la demanda futura que justificaran el emprendimiento. Como
añadido: “falta de sustento económico financiero”, ya que la obra ni siguiera
fue prevista en los presupuestos públicos.
Según el informe firmado por los síndicos Ignacio Rial e
Ignacio Días Zavala en abril del 2017, los contratos en ejecución sumaban US$
.217.912.015. Y según la última versión del proyecto, sólo se había concretado
el 66,15% del avance: “la obra faltante implicaba desembolsar US$ 563.200.000”.
Ese esfuerzo fiscal fue una causa de desaliento que se sumó
a la idea de que el gas no convencional de Neuquén alcanzará para alimentar el
circuito desde el sur.
El Gasoducto del Nordeste fue declarado de interés nacional
por el decreto 267/07 en el que se previó una inversión total de
US$1.382.557.000 para 1.500 kilómetros de extensión. Pero sufrió una
metamorfosis constante, con cambios realizados con procedimientos que no
siempre honraron las formalidades exigidas por ley.
Según los síndicos, los pliegos incluyeron “cláusulas
susceptibles de restringir la concurrencia de oferentes” y hubo “mínimos
parámetros de exigencia” de antecedentes, disociados de la envergadura de la
obra. Peor aún: no se constató que en todos los casos se haya hecho la
convocatoria a licitación a través del Boletín Oficial.
Las adjudicaciones de los varios tramos en que se fragmentó
la obra tuvieron precios US$117.400.000 por encima de los valores de referencia
de Sigen y el segmento EPC8, en el Chaco, se adjudicó a una oferta “que superaba
en 27% el presupuesto oficial”, sin que haya ningún justificativo técnico para
eso. De remate: hace poco más de un año, “se encontraba pendiente de ejecución
una parte significativa de las inversiones de los contratistas”, por las que
éstos habían recibido anticipos.
Además de Vertúa, participaron otras firmas de distinta
performance en el proyecto y reputación. Entre ellas Rovella Carranza, Contrera
Hermanos, José Chediack (arrepentido en la causa de los cuadernos), Esuco (del
arrepentido Carlos Wagner), BTU y Techint Compañía Técnica Internacional, que
logró alzarse con uno de los fragmentos de la obra después de lidiar
judicialmente para integrarse a concursos algunas veces anulados por razones
poco nítidas. En el 2018 logró otro triunfo al ganar el concurso por el EPC1 en
Salta, que ahora abortó.
La Sindicatura también identificó faltas graves en todo el
sistema de control y sostuvo que “la máxima autoridad superior es la
responsable” por ello. No dio nombres ni mencionó delitos, pero sugirió cómo
identificar a los unos y caracterizar a los otros. El otro desafío pendiente
del Gobierno es realizar los informes que pidieron los síndicos y,
eventualmente, denunciar a la Justicia las irregularidades, a riesgo de
apañarlas.
FUENTES: CLARÍN - NORTE -CHACO DÍA POR DÍA