Aldo Leiva fue sobreseído solamente por la Justicia de General San
Martín en el marco de una denuncia por el presunto desvío de fondos del
Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Quienes posibilitaron su
sobreseimiento tienen fuertes vínculos políticos con el jefe comunal: el fiscal
era concejal de su partido y el juez era asesor legal del municipio. La
sentencia podría ser usada por la defensa de Leiva para pedir el archivo de la
causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío bajo el principio de
que “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.
Jueves, 13 septiembre 2018
El juez Federal, Claudio Bonadío indagará al intendente Aldo
Leiva el 27 de septiembre.
El intendente de San Martín, Aldo Leiva, deberá presentarse
a declarar el 27 de septiembre ante el juez federal porteño, Claudio Bonadío,
en el marco de la causa que investiga el presunto desvío de fondos del Programa
de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en un centenar de municipios de todo el
país.
Sin embargo, no irá solo: tendrá un paraguas legal con la
que podría solicitar el archivo de la causa federal. ¿Cuál es este paraguas?
Una polémica sentencia de la Justicia de General San Martín en la cual resultó
sobreseído por este mismo tema y con la que podría ampararse en el principio de
“non bis in idem”. O dicho en castellano: nadie puede ser juzgado dos veces por
el mismo delito.
Con quién sí pudo dialogar este portal es con el propio
Leiva. El intendente explicó que Centurión realizó esta denuncia porque es
“obligación de cualquier funcionario” hacer una presentación legal ante las
versiones de que se estaba cometiendo un delito contra la administración
pública. “Lo hizo debido a la serie de acusaciones que se venían dando contra
el convenio de Gestión de Residuos Sólidos que firmamos. Está obligado a
hacerlo”, indicó el jefe comunal.
Exconcejal y exasesor legal
Por otra parte, el fiscal que analizó el caso y que pidió el
sobreseimiento de Leiva fue Guillermo Codutti. Codutti también tiene fuertes
lazos políticos con el jefe comunal ya que antes de convertirse en 2015 en
fiscal Nº1 de General San Martín (provisorio) fue concejal del PJ en esa misma
localidad, en el período 2011/2015. Incluso, logró ejercer la presidencia del
bloque de concejales del justicialismo y la presidencia de la Asociación de
Consorcios Camineros, todo con el respaldo del jefe comunal.
Con la denuncia de Centurión en mano, el fiscal enmarcó la
acusación contra Leiva en los presuntos delitos de “violación a los deberes de
funcionario público”, “defraudación agravada” y “malversación de caudales
públicos”. Sin embargo, no pasó de ahí: tras solicitar algunas documentales,
una pericial, la testimonial de un arquitecto y la declaración del propio
Leiva, consideró que el intendente debería ser sobreseído de esta causa.
Finalmente, el juez subrogante que ordenó el sobreseimiento
fue Luis Eugenio Allende, quien también tiene fuertes vínculos políticos con
Leiva. Previo a asumir como juez de ejecución penal de General San Martín en
2014, Allende se desempeñó en el gabinete de Leiva en el cargo de presidente de
la Caja Municipal de Servicios y Préstamos (asumió en 2011). Además, en su
perfil de Linkedin, figura como exdirector Legal y Técnico del Municipio. De
hecho, en algunas causas judiciales era el apoderado de la comuna. Ni el juez
ni el fiscal consideraron que su vinculación política con Leiva eran motivos
para excusarse.
“En autos quedó demostrado de acuerdo al frondoso causal de
las pruebas colectadas que las conductas atribuidas al señor Aldo Leiva
realizadas bajo su mandato de Intendente no resultan típicas para la
configuración de los delitos de autos, y no han existido”, indicó el magistrado
Allende en su sentencia.
“Como se puede advertir entonces”, prosigue el fallo, “no se
evidencia en el desempeño de las funciones del Intendente inculpado una
conducta omisiva dolosa por ende las precedentes consideraciones de hecho y de
derecho analizadas, me llevan a concluir que corresponde dictar el
sobreseimiento total y definitivo de la causa a favor del encartado”, añadió el
juez subrogante del Juzgado de Garantías y Transición de la V Circunscripción.
La sentencia es la Nº41 y tiene fecha del 27 de julio pasado.
“Sin fundamentos”
En diálogo con CHACO DÍA POR DÍA, el fiscal adjunto de la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas e investigador del destino de los
fondos para la Gestión de Residuos Sólidos en el Chaco, Dulgado Ferreyra, no
sólo cuestionó los vínculos que hay entre el fiscal y el juez con el imputado
Leiva sino también el contenido del fallo.
“Esta es una sentencia sin fundamentación: en sólo cinco
reglones sostiene que no se cometió ningún ilícito”, cuestionó. “Le falta la
valoración de las pruebas, fundamentación técnica y hasta una calificación
legal. No hay análisis”, remarcó.
En relación a cómo podría utilizar Leiva esta sentencia,
Ferreyra hizo alusión al principio de “non bis in idem”. “No sé qué va a pasar
con el juez Bonadío cuando tenga que resolver sobre este tema porque
seguramente Leiva le va a plantear al magistrado que ya fue juzgado por esta
cuestión y legalmente no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo
hecho. Es decir que técnicamente un planteo de estas características es algo
procedente”, advirtió.
Faltantes
Cabe recordar que la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas emitió un dictamen el 17 de mayo pasado en el cual hizo una
serie de observaciones a distintos municipios del Chaco por la cuestión de los
fondos de los Residuos Sólidos. Entre ellos, estaba el de General San Martín.
De acuerdo a la FIA, la comuna recibió el 30 de junio de
2014 la transferencia de $3.500.000 a través de la Jefatura de Gabinete, para
el proyecto “Mejora en la gestión de RSU”. Asimismo recibió el 29 de diciembre
de 2014 $3.873.000 para el mismo proyecto.
Los componentes del proyecto eran: saneamiento del basural a
cielo abierto ($800 mil); construcción y equipamiento de planta de tratamiento
($1.5 millones); celda de disposición final ($900 mil) y campaña de
concientización ($300 mil). Con respecto a la segunda transferencia, el
convenio establecía la compra de maquinaria y equipamiento para la gestión
integral de RSU por $3.873.000.
El Contador Auditor de la FIA no emitió informe por “no
contar con la documentación debido a que el secretario de gobierno dijo que no
las tenía a mano”. Se le dio una prórroga pero nunca envió la documental,
informó.
El organismo de contralor se constituyó en el municipio para
constatar la existencia de la planta de tratamiento de residuos “pero donde
debería estar un galpón destinado a esa tarea se observaron cimientos bajo agua
a metros de la ruta 7”.
El Tribunal de Cuentas (TC), por su parte, sostuvo que se
analizó la documental, se comparó con lo realizado y se determinó “que se
relacionaba con la finalidad del fondo”. Es decir que no constató irregularidad
alguna.
Sin embargo, en relación a la adquisición de maquinarias y
equipamiento para la GIRSU, el TC sostuvo que los fondos “no fueron utilizados
y /o aplicados a la finalidad prevista en la norma legal que dispuso su
otorgamiento por un monto de $2.073.000 y que hubo una transferencia al
municipio por $1.8 millones, la cual al 31 de diciembre de 2015 no fue
devuelta”.
“No se puede realizar otras consideraciones respecto de este
municipio porque no facilitó la documentación solicitada y el ministerio de
Ambiente tampoco remitió el acta ni informó de visita de la auditoría interna
que permita analizar el cumplimiento in situ del proyecto”, alertó la FIA.
“No obstante puede señalarse prima facie la incongruencia
respecto a lo observado en las tomas fotográficas y lo concluido por el TC
respecto a la construcción y equipamiento de la planta, por lo que deviene
necesaria la remisión de las presentes actuaciones al organismo”, indicó la
fiscalía.
Teniendo en cuenta que la FIA es autoridad de aplicación en
la Ley de Acceso a la Información Pública, se cuestionó el hecho de que a pesar
de las prórrogas “no se presentó la documentación respaldatoria”.
Es por eso que le abrió un expediente por violación a la ley
de acceso a la información pública contra Gastón Navarro, secretario de
gobierno municipal y al secretario de Planificación municipal, Cristian
Centurión por la presunta violación a la Ley de Acceso a la Información.