La titular del Juzgado de Garantías Nº 3 de Resistencia,
Rosalia Zozzoli, se declaró competente para investigar la causa por lavado de
activos y solicitó a la jueza federal Zunilda Niremperger que le remita las
actuaciones en las que se encuentran procesados la exintendente de Resistencia,
Aída Ayala, y el secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto
Sampayo, entre otros. Un nuevo obstáculo al avance de la investigación.
Miércoles, 15 agosto 2018
Polémica resolución del Juzgado de Garantías Nº 3 de
Resistencia
Se multiplican los obstáculos para que las resonantes
investigaciones por lavado de dinero iniciadas por la justicia federal lleguen
a buen puerto. Ahora, en discrepancia con el dictamen del fiscal Jorge Cáceres
Olivera -quién consideró que la causa debía permanecer en el fuero federal-, la
jueza de Garantías Nº 3 de Resistencia, Rosalía Zozzoli, hizo lugar a un
planteo de la defensa de uno de los directivos de la empresa PIMP SA, Rolando
Javier Acuña, procesado por la justicia federal por presunto lavado de activos,
declaró la competencia del fuero ordinario y solicitó a la jueza federal
Zunilda Niremperger que le remita las actuaciones.
A diferencia con lo que sucedió con la causa Lavado I, donde
la justicia provincial se enfocó en la investigación de los delitos precedentes
al de lavado de activos pero dejó al fuero extraordinario el presunto lavado de
dinero, en esta oportunidad la jueza Zozzoli interpretó que de las
modificaciones al Código Penal introducidas por la ley 26.683 “no surge que el
legislador haya querido asignar competencia originaria y exclusiva a la
justicia federal para entender en todos los casos que tipifica el Art. 303 del
C.P., ni tampoco que haya previsto la acumulación de los delitos precedentes a
éste, sino que dicho asunto quedó librado a la interpretación de los
tribunales”.
La polémica resolución de la jueza de Garantías
En una resolución que despertará polémica, la jueza de
Garantías N° 3 sostuvo que “la mera afectación del orden económico y
financiero, no implica que estas conductas deban someterse a conocimiento de la
justicia federal, sino que es importante determinar, en el caso concreto, si
los delitos en que incurrieron quienes aparecen sospechados o imputados afectan
efectivamente los intereses del Estado Nacional, o si, de modo contrario no
poseen entidad suficiente para trascender los límites provinciales y/o
locales”. Al respecto, consideró que “pese a que se intente sostener que delito
de lavado de activos es un delito de competencia federal, en el caso particular
y, en el supuesto de que oportunamente se logre verificar las conductas
sospechadas, no se configuraría una afectación a los fondos del Estado Nacional
o sus intereses, o sus rentas, o el buen funcionamiento de los empleados o
funcionarios que la representan”.
Sostuvo la jueza Zozzoli que “de las circunstancias que
rodean los hechos que se juzgan, se observa que quien resultaría directamente
perjudicado producto de las supuestas maniobras espurias, sería el orden
económico y financiero municipal de la ciudad de Resistencia (el subrayado me
pertenece), mediante conductas delictivas (delitos precedentes) que son
definitivamente de competencia ordinaria”. En ese contexto, consideró que la
competencia para investigar en la presente causa corresponde al fuero ordinario
o provincial, “puesto que no existen motivos de orden público que ‘ofendan la
soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u
obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados…’.
“Queda claro, que quienes se perjudican son los ciudadanos
que habitan el suelo chaqueño y, específicamente aquellos que residen dentro
ejido municipal de la ciudad de Resistencia; por cuanto no trasciende más allá
de esta jurisdicción”, aseguró la magistrada en sus polémicos fundamentos.
PIMP, con antecedente de archivo en la justicia provincial
Vale recordar que la justicia provincial ya había archivado
una causa por presuntas irregularidades
en la contratación de la empresa PIMP SA por parte de la ex intendenta Aída
Ayala. La fiscal que archivó esa causa fue Graciela Griffith Barreto, actual
fiscal de Cámara y coordinadora del equipo de fiscales provinciales que
investiga la causa Lavado I.
En esta causa resonante, que se conoce como Lavado II, los
principales imputados son la exintendente de Resistencia y actual diputada
nacional por Cambiemos, Aída Ayala y el secretario general del Sindicato de
Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, ambos se encuentran
procesados en primera instancia como presuntos jefes de una banda dedicada al
lavado de activos originado en supuestas contrataciones irregulares realizadas
durante la gestión de Ayala al frente del Municipio de Resistencia.
Entre los delitos precedentes al de lavado de activos -de competencia
federal-, a Ayala y al resto de los imputados se los acusa por asociación
ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento
ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de
deberes de funcionario público.
Sampayo y Ayala, procesados por la justicia federal; ahora,
una jueza provincial se quiere quedar con la causa
El objetivo: apartar a la jueza
Desde el comienzo de la investigación, la diputada nacional
por Cambiemos, Aída Ayala, utilizó todos los recursos formales para apartar a
la jueza federal Zunilda Niremperger de la causa que la tiene como principal
imputada, además embargada por 200 millones de pesos y con un pedido de prisión
preventiva previo desafuero. Sin embargo, en todas las instancias superiores,
tanto la Cámara Federal de Resistencia como la Cámara Federal de Casación
Penal, la ratificaron al frente de la investigación. No sólo eso, también
ratificaron los procesamientos y embargos de todos los imputados e, incluso,
revocaron la eximición de prisión concedida por la Cámara de Resistencia a
Ayala y a Rolando Javier Acuña. Justamente, la defensa de Acuña, integrada por
los abogados Adrián Maximiliano Gaitán y Mario Argarate, se presentaron ante la
justicia provincial solicitando que se declare competente en lo referido a los
delitos precedentes de presunta corrupción y que la investigación sea remitida
al fuero ordinario, medida a la que hizo lugar la jueza de Garantías Nº 3 de
Resistencia, Rosalía Zozzoli, solicitando la declinatoria de competencia de la
jueza Niremperger.
Los otros procesados
Además de Ayala y Acuña, en la causa también se encuentran
procesados el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de
Resistencia, Jacinto Sampayo, a quién se le atribuyen los mismos delitos que a
la exintendenta de Resistencia y que logró el beneficio del arresto
domiciliario pero que también fue embargado por una suma de 200 millones de
pesos.
También fueron procesados, detenidos y embargados los
empresarios Carlos Huidobro (presunto testaferro de Jacinto Sampayo), Pedro
Martínez, Alejandro Fischer (ex apoderado de la fundación Construir y jefe de
campaña de Ayala), Fátima Rigassio (accionista de la empresa PIMP SA,
beneficiada con prisión domiciliaria) y la contadora Patricia Vázquez, cuñada
del actual ministro de Hacienda y Finanzas del Chaco.
Además fueron procesados pero sin prisión preventiva Luis
Escobar, Natalia Martínez Guarino, Cristian Adrián Zapata, Víctor Quiroz,
Eulalio Bouza y Mónica Centurión.