Lo resolvió la jueza federal de Resistencia, Zunilda
Niremperger, en la causa por presunto lavado de activos. La magistrada procesó
a Fernández, extitular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, y a Ramón
Chávez y Cristina Dellamea.
Consideró que no hay elementos suficientes para
hacerlo con el ministro de Infraestructura dictando su falta de mérito y dando
marcha atrás con su orden de detención. También hubo falta de mérito para el
ministro Cristian Ocampo.
En otro tramo de la causa denominada “Lavado I”, la jueza
federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó este jueves con prisión
preventiva al extitular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye” del gobierno
provincial, Ismael Fernández, y a Ramón Chávez -presunto testaferro de
Fernández- y Cristina Dellamea, sobrina de Fernández, por el delito de lavado
de activos agravado a través del desvío de fondos públicos vinculados a la
construcción de viviendas.
En la misma causa, la magistrada dictó la falta de mérito y
dejó sin efecto el pedido de detención y desafuero del ministro de
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos del Chaco, Fabián Echezarreta, por
el presunto delito de lavado de activos agravado, en calidad de coautor, y
también del ministro de Hacienda y Finanzas, Cristian Ocampo, quién se
encontraba imputado como supuesto partícipe secundario por el mismo delito.
Según pudo saber CHACODIAPORDIA.COM, además de los
procesamientos, la magistrada trabó embargos por 50 millones de pesos tanto
para Fernández como para Chávez y de 100 millones para Dellamea. Y dispuso,
asimismo, la inhibición general de bienes de los tres detenidos, además de
librar un oficio al titular de la cárcel federal de Resistencia para que
informe acerca de la disponibilidad de cupos de alojamiento en ese
establecimiento penitenciario.
En su requerimiento, el fiscal federal Patricio Sabadini,
consideró constatado un supuesto “esquema ilícito” integrado por Ismael
Fernández, Ramón Chavez, Cristina Dellamea, Graciela Fernández -madre de
Dellamea- y Fabián Echezarreta, en el marco del cual se habría utilizado como
mecanismo “la creación de empresas y sociedades -integradas por familiares y
amigos- para proveer bienes y servicios al Estado provincial, concretándose
maniobras fraudulentas en perjuicio del erario público y negociados irregulares
e incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, que reportaron enormes
ganancias ilícitas para sus partícipes durante un importante lapso de tiempo
que comprende desde fines del año 2015 hasta la actualidad”.
Más medidas
Otra de las medidas de la jueza federal fue la de remitir
las actuaciones al Equipo de Fiscales Provinciales en relación a la posible
comisión de delitos de competencia provincial y los cuales fueran imputados en
la ampliación del requerimiento de instrucción formal del fiscal federal
Patricio Sabadini del 18 de mayo pasado, teniendo en cuenta que el 1 de junio
pasado la magistrada solicitó se deje sin efecto la declaración de
incompetencia de la justicia provincial.