FUENTE CHACO DÍA POR DÍA
El monto fue confirmado, este jueves, durante la conferencia
de prensa brindada por el Equipo de Fiscales de la Justicia provincial.
"Es una cifra provisoria sobre 200 contratos de publicidad, porque se
continúa con la recolección de pruebas en otros casos más", señalaron.
"Todo esto sigue su curso", afirmaron.
El proceso judicial en el cual están involucrados el ex secretario general de la Gobernación, Horacio Rey, el ex subsecretario de
Comercio, Roberto Lugo; el ex subsecretario de Medios, Paulo Buticce; el ex
titular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, Ismael Fernández, y otras
personas más, tuvo el aporte publico del denominado Equipos de Fiscales
compuestos por los Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba.
Ante la prensa local, comenzaron señalando que, “en cuanto a
la responsabilidad de los funcionarios, ya se han recolectado todas las pruebas
necesarias”. Considerando que, “el avance ha sido significativo desde que
comenzó el 19 de marzo pasado; y comenzando el mes de julio ya tenemos la
prisión preventiva de todos los imputados”.
Dimensión de la estafa investigada
“En primer lugar, queda demostrado que estos hechos
sucedieron”, sostuvieron los funcionarios judiciales. Agregando que, “hasta las
ultimas declaraciones que se le han tomado a las imputados, surgen 200
contratos de publicidad que se facturaron y no se hicieron por parte de
empresas y fundaciones que no existían o no funcionaban”.
“Pero siguen otros más, advirtieron. Todavía estamos
revisando a otras empresas que han cobrado, si estaban funcionando y si tenían
la capacidad de realizar publicidad y que es lo que percibieron; como también
si hubo sobreprecios en esas facturaciones al Estado”, revelaron.
Indicando que, la suma estimada del desfalco hasta la fecha
y con las detenciones existentes, “y estamos hablado de una estimación, alcanza
la cifra de $60 millones que se han llevado del erario publico”. Advirtiendo
que, “esta suma aun es provisoria, porque aun queda por ver otras pruebas que
estamos recolectando”.
Aclaraciones y precisiones
Los miembros del Equipo de Fiscales también procedieron a
efectuar aclaraciones sobre los motivos por los cuales consideran que se deba
mantener la prisión preventiva de varios de los imputados; algunas ellas que
recientemente fueran confirmadas por el juez de Garantías.
En ese punto, precisaron que, tanto las funciones e
intervenciones del ex secretario de Gobierno, Horacio Rey, como fiduciante de la
pauta publicitaria, y el resto de los ex funcionarios y personas imputadas,
“esta muy bien corroborado”.
“Se investigo a donde fueron a parar esos dineros, y ya
tenemos toda la documentación suministrada por el Nuevo Banco del Chaco
respecto de todas y cada una de las cuentas donde se acredito lo percibido en
estos 200 contratos”, dijeron. Agregando que todo esto proceso se concreto en
el lapso de un año y medio.
También dieron a conocer las características de algunas
operaciones, como la ‘aparición’ de cuatro empresas radicadas en Buenos Aires.
“Ninguna de estas existen, salvo en los papeles”, revelaron. Indicando a una de
ellas, de nombre Praxton, con una facturación de $14 millones; y en donde
aparecen cheques a su nombre que fueron retirados por una persona, “que
trabajaba con el señor Rey”.
Remarcaron, además, que se pidieron y verificaron también
otros periodos, en el área de pautas publicitarias del gobierno provincial,
“pero las irregularidades se dan justo en este. Que comienza a principios de
2016 hasta fines de 2017 y principios de este año”.
“Lo llamativo es que algunas empresas se crearon en
noviembre de 2015. Y que, a partir de enero o febrero de 2016 es cuando estas
empresas, hoy cuestionadas, comienzan a cobrar de forma abultada pautas
publicitarias a través del FAPO”, subrayaron.
Elevación a juicio
Respecto de cuando estaría dadas las condiciones para que la
causa llegue a ventilarse en debate púbico, resaltaron que, primeramente,
“nuestro compromiso y obligación es seguir adelante, y llevar la causa a juicio
lo antes posible a la Cámara del Crimen.
Los fiscales aseguraron que, con la probatoria existente en
el expediente, están en condiciones de avanzar con aquella elevación; pero, en
materia de tiempos, aclararon que en esto también tienen que ver todas las
articulaciones defensivas que puedan interponer los abogados de los imputados.
En ese sentido, insistieron que las prisiones preventivas
las consideran esenciales para avanzar en el inicio del juicio. Considerando
que los imputados deben continuar detenidos, “por la gravedad de los delitos y
por posibilidad de interferir que tienen por los medios económicos con que
cuentan y hasta por la posibilidad de fuga”.
Y reiteraron que están firmes, por el Juzgado de Garantías,
las prisiones preventivas de Rey, Buticce y Zibecchi. Aunque aun restan definir
las oposiciones presentadas a las detenciones de los imputados Osuna, Vilte y
Aguirre. “Es una audiencia que aun no se realizo”, explicaron.
Pero también los fiscales anunciaron que están abocados a
otras causas – que serian conexas – donde están efectuando la colecta de
pruebas. “Todo esto sigue su curso”, afirmaron.
La situación procesal de Lugo
Ante preguntas de los periodistas presentes, los fiscales
diferenciaron la situación de Roberto Lugo, que no esta imputado en la causa
FAPPO, sino por su actuación como funcionario del Estado provincial, “para el
direccionamiento y el favorecimiento hacia empresas vinculadas familiarmente a
el o sus relaciones intimas”.
Y, en ese aspecto, aclararon que, la relación posterior
entre Lugo, Rey y Varela, “es una situación que deberá ser ventilada en el
fuero penal federal”. Dejando en firme que, todas estas actuaciones, serán
remitidas a la Justicia federal, con quien están en una vinculación estrecha y
diaria, para que sea la jueza federal la que determine aquellos aspectos
vinculados al lavado de activos y de evasión fiscal.