El gobernador Domingo Peppo envío a la Cámara de Diputados
el proyecto de ley para establecer un protocolo de actuación de los cuerpos
policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. “Queremos
establecer un mecanismo para compatibilizar las dos cosas: por un lado el
derecho a reclamar y por otro, el derecho a circular libremente”, expresó el
mandatario.
La propuesta del
Ejecutivo propone la modificación de la Ley N° 2-399-J, reafirmando los
derechos humanos y las libertades de los ciudadanos. Surge de la necesidad de
disponer de una norma de rango legal a la que puedan adherir los municipios y
que se establezca un marco preciso para las órdenes y la intervención del Poder
Judicial en estos contextos.
Asimismo se sostiene
que la normativa de regularización de las manifestaciones públicas debe ser
conforme al derecho a la libertad de expresión, de reunión o el ejercicio de la
libertad de prensa, y compatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales
sobre derechos humanos. Y que la intervención del Estado debe ser en el marco
de la convivencia social y del ejercicio armónico de los derechos
constitucionales fundamentales, a fin de contener los reclamos sociales y de
propiciar un ejercicio democrático de los derechos de todos los ciudadanos.
Garantizar la paz
social
“El proyecto lleva
como espíritu que el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y las propias
organizaciones sociales, tengan ámbitos de atención a las demandas para evitar cortes
de calles o de rutas”, explicó el ministro de Gobierno Martín Nievas, quien
participó de la firma del proyecto junto al ministro de Seguridad Carlos
Barsesa y la subsecretaria de Legal y Técnica Jessica Ayala.
Nievas destacó que el
mandatario provincial “atiende una requisitoria de la ciudadanía que es la de
circular libremente y por otro lado, la de sectores que expresan sus reclamos.
La idea es garantizar la paz social en la provincia y que la gente pueda
transitar libremente y no tener que soportar largos cortes de circulación que
provocan perjuicio no solamente a la población si no también generan
inconvenientes desde el punto de vista económico”.
Por otro lado,
Barsesa destacó que el proyecto presentado permite la concentración y ubicación
de las personas que formen parte de la movilización, en una plaza pública o
espacio determinado, y así puedan converger en un punto en común el ejercicio
lícito de los derechos por parte de todos los ciudadanos. “Es importante
atender los reclamos sociales y proteger el ejercicio armónico de los derechos
constitucionales, por lo que es necesario que todos los poderes y sectores se
involucren, tanto el Poder Ejecutivo como así también, el Poder Legislativo y
especialmente el Poder Judicial tanto federal como provincial, a fin de
garantizar la democracia”.
Así, explicó que la
iniciativa busca establecer un procedimiento de actuación de las fuerzas de
seguridad en manifestaciones públicas programadas como en manifestaciones
espontáneas. Dispone que se comunique la situación en forma inmediata a las
autoridades competentes del Gobierno Provincial, y que se establezca un espacio
de negociaciones para cesar el corte, notificando al Poder Judicial.
Una vez
recepcionados los reclamos se deberá dar aviso al responsable del área
correspondiente, quien deberá dar a conocer las respuestas de la petición a los
manifestantes. Y al haber sido escuchado en sus peticiones, sin perjuicio del
resultado de las mismas, el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden
a los manifestantes que desistan de cortar las vías de circulación de tránsito,
quienes deberán retirarse y ubicarse en la zona determinada por la autoridad
local para ejercer sus derechos constitucionales