Funcionarios y ex funcionarios del Gobierno están imputados y detenidos en la causa Lavado 1, entre ellos el ministro Ocampo, que firmó con Peppo el aumento de la bonificación por título para las máximas categorías del Poder Judicial.
El gobernador Domingo Peppo cerró por decreto la discusión salarial con los gremios de trabajadores del Poder Judicial, como ya lo hizo con los docentes y otros sectores estatales, en 10 por ciento en tres etapas: 4 por ciento en marzo, 3 en agosto y 3 en octubre.
Pero, sorpresivamente, tuvo una mirada especial hacia los jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales, al aumentar la bonificación por título comprendida en la ley 378-A, que contempla a quienes desempeñen funciones para las que se exija título de grado en el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y el Tribunal Electoral.
El decreto 492, que lleva la firma del Gobernador y todos los ministros, dispuso una sustancial mejora que impactará directamente en los salarios más altos de la Justicia.
Así, la bonificación por título del Nivel I, Categorías 1 a 6 y de la Categoría 7, para los cargos de Ministerio Público de primera instancia (agente fiscal y defensor barrial) del Poder Judicial, que hasta febrero fue del 35 por ciento, desde el 1 de marzo será de 50 por ciento y del 65 por ciento a partir del 1 de septiembre.
La bonificación para el Nivel I, Categoría 7, para los cargos de inspector notarial, secretario letrado adjunto, subinspector de Justiicia de Paz, secretario letrado de cámara, Categorías 8, 9, 10, 14 y para Nivel II, Categorías 1 y 2 del Poder Judicial, que hasta febrero fue del 30 por ciento, desde el 1 de mayo será del 45 por ciento y del 60 a partir del 1 de septiembre.
En el caso del Nivel I, Categoría 1 (secretario relator de Sala) del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, a partir del 1 de marzo pasarán de 30 a 45 por ciento, y desde el 1 de septiembre será del 60 por ciento.
Y para el Nivel I, Categoría 1 (secretario electoral letrado) del Tribunal Electoral, la bonificación parará de 30 a 45 por ciento a partir del 1 de marzo, y el 1 de septiembre subirá a 60 por ciento.
Aumento sospechoso
Esta recomposición en los salarios de los altos funcionarios del Poder Judicial del Chaco ya despertó todo tipo de suspicacias, ya que se da en pleno trámite de la causa Lavado 1: en la que se investiga a funcionarios y exfuncionarios por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, mal desempeño de los deberes de funcionario público, entre otros, paralelamente a los de lavado de activos y evasión impositiva que lleva adelante la Justicia Federal.
Por esto, la Justicia provincial detuvo al exsecretario de Gobierno: Horacio Rey; a su esposa Susana Fernández, exsecretaria privada del Gobernador; al hermano de ésta: Ismael Fernández, extitular de la Unidad Ejecutora Chaco Construye; al exsubsecretario de Comercio: Roberto Lugo; al exsubsecretario de Políticas Comunicacionales: Paulo Butticé; y al excoordinarod del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial: Gustavo Katavich.
El martes, el fiscal Patricio Sabadini formalizó el requerimiento de instrucción a la jueza federal Zunilda Niremperger, y pidió la detención de Rey, Lugo y Katavich, más la de la empresaria Mónica Yaczuk, esposa de Lugo; de Ariel Retamozo y su esposa Claudia Soledad Varela, sindicados como dos de los testaferros de la organización; y del contador César Orlando Zibecchi.
Además, imputó a Butticé; Hugo Orlando Rey, hermano de Horacio; a Susana Fernández; Ramón Alejandro Chávez; Facundo Gil, titular de la agencia publicitaria Brandon; Patricia Raquel Zibecchi; y al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas: Cristian Ocampo, y a su esposa y socia Alicia Vázquez.
Pelea por la competencia
Tras el avance de la Justicia federal sobre los funcionarios, el procurador general Jorge Canteros entendía que los delitos precedentes también debían ser investigados en el ámbito federal, pero poco después cambió de idea, conformó un equipo de fiscales ad hoc, e irrumpió en la causa ordenando detenciones, lo que para el fiscal Sabadini fue contraproducente y lo privó de obtener más pruebas.
Ahora, Sabadini solicitó el apartamiento de la Justicia provincial para que el fuero federal se ocupe de todo. Pero ya hay voces que adelantan un conflicto por la competencia.
Mientras, es inocultable el interés de los imputados en que el hecho se circunscriba al ámbito provincial. Por ejemplo, Juan Carlos Saife, abogado del ministro Ocampo, entiende que éste debe ser investigado por la Justicia local porque los delitos que se le imputan son ordinarios.