Los índices se verán presionados por las actuales
remarcaciones en productos de consumo masivo y por las subas que se esperan en
energía y gasoil. Así, la expectativa oficial de que se podrán contener los
índices de precios en los próximos meses está amenazada por los aumentos de
tarifas ya anunciados que incidirán en la inflación de mayo, junio e incluso
agosto.
Por lo que trascendió hasta ahora, no habrá cambios en ese
cronograma, lo que se explica, entre otras cosas, porque si hubiera
modificaciones el Estado tendría que hacerse cargo de más gastos, en sentido
contrario a los requerimientos del Fondo Monetario, o incumplir contratos con
empresas.
Tras el aumento del 10% aplicado en las tarifas de gas de
todo el país en abril, en mayo se sumará otra suba del 9,1%, lo que acumulará
un 20% en los dos meses. Y en junio habrá otro incremento del 7,5%, sumando un
29% en el trimestre con relación a marzo y alrededor del 90% con respecto al
período abril-septiembre de 2018.
Para atenuar el impacto de ese ajuste en los bolsillos de
los consumidores, el Gobierno nacional decidió que habrá un diferimiento
obligatorio de 22% de las facturas de los hogares correspondientes a
junio-septiembre, que se pagará sin intereses entre diciembre y marzo.
Sin embargo, el INDEC está obligado a tomar el total del aumento que se verifique a junio, a menos que encuentre un vericueto legal para incluir el diferimiento.
En electricidad, habrá en mayo un nuevo aumento del precio
mayorista de la energía para todo el país, al que se sucederá otro ajuste
similar en agosto. Al hacer el anuncio a fines de diciembre, el ex titular de
Energía Javier Iguacel estimó que serían dos incrementos del 4% en la tarifa
final de Edenor y Edesur, lo que significa que el impacto puede ser distinto o
más alto en las provincias.
De hecho, algunas empresas eléctricas provinciales y
cooperativas están teniendo crecientes dificultades para pagar el precio
mayorista a CAMMESA, la empresa controlada por el Estado que opera el despacho
eléctrico, porque los gobiernos de los que dependen no autorizan subas acordes
para el público, o no les actualizan el margen por distribuir la energía, con
lo cual, si se trata de empresas privadas, dejan de pagar el precio mayorista
para no perder demasiados ingresos.
Este desorden que va tomando cada vez más dimensión tiene
como consecuencia la dificultad de CAMMESA para pagar la energía a las
generadoras, a lo que se suma la restricción de los fondos del Estado. Todo
indica que los subsidios a esa empresa crecen en el devengado, pero lo
efectivamente transferido a la misma es menos.
Detrás del descalabro, está la dolarización del precio de la
energía con que se retribuye a las generadoras, y los aumentos en dólares que
se aprobaron en la etapa de Juan José Aranguren para ampliaciones de capacidad,
además de los contratos firmados en esa moneda para los proveedores de energías
renovables.
Aumentos en las naftas
A estos ajustes tarifarios, hay que añadir todavía los
aumentos que puedan producirse en los combustibles en mayo y en los meses
siguientes. En principio, si logra sostenerse la baja en el valor del dólar de
las últimas jornadas, este elemento jugará como contrapeso a la suba que se
registra en el precio internacional del petróleo, pero probablemente no alcance
para que no haya aumentos en los surtidores.
Se espera sobre todo un alza en el precio del gasoil debido
a las dificultades de abastecimiento en el canal mayorista que está afectando a
productores del campo y a los camiones que deben trasladar la cosecha. Se
afirma que disconformes con los precios actuales, algunas petroleras solo
entregan el mismo volumen que en igual mes del año pasado, cuando la demanda
fue menor por la sequía.