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sábado, 9 de febrero de 2019

Más problemas para la jueza Pereyra: la Fiscalía Federal también la denunció por obstaculizar la detención de un intendente


A la presentación formulada esta semana por 10 fiscales de la provincia por presuntas irregularidades cometidas durante distintos procesos penales, se le sumó una denuncia más: la del Fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini. Sabadini pidió que se le abra una causa por presunto abuso de autoridad, prevaricato y encubrimiento agravado luego de que la Jueza de Garantías 1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra hiciera lugar a un hábeas corpus a favor del intendente de Castelli, Alberto Nievas, evitando así que la Justicia Federal concrete su arresto en una causa donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito y lavado.
 Sábado, 9 febrero 2019


La Jueza de Garantías 1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra, sigue acumulando denuncias. Esta semana, el Superior Tribunal de Justicia confirmó que se le iniciará una información sumaria para evaluar si Pereyra cometió arbitrariedades en su función teniendo como base una presentación firmada por nada menos que diez fiscales penales.
En su escrito, los fiscales denunciaron el sistemático rechazo de la magistrada a pedidos de prisiones preventivas sumado al otorgamiento de excarcelaciones exprés. En algunos casos, mediante fianzas por montos muy bajos. Además, señalaron que la mayoría de las decisiones de Pereyra son revocadas por la Cámara de Apelaciones, lo que ratificaría la endeblez de sus fallos.
Ahora, a esta denuncia -que podría derivar en un Jury de Enjuiciamiento- se le suma otra más: la realizada por el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini. ¿Por qué motivo? En noviembre del año pasado, en medio del escándalo derivado de la causa conocida como Lavado III (donde se investigan los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito mediante el desvío de fondos de obra pública) la Justicia Federal ordenó la detención de varias personas. Entre ellas, el intendente de Castelli, Alberto Nievas (hoy en prisión).
En ese marco, se generó una conflicto jurisdiccional ya que la defensa de Nievas presentó un hábeas corpus a la Jueza Pereyra para evitar su detención y la magistrada se lo concedió, aduciendo que Nievas tenías fueros.
La magistrada determinó “dejar sin efecto toda orden de detención que recaiga sobre el mencionado, mientras permanezca bajo la vigencia de la inmunidades que le confiere el Art. N° 195 de la Constitución de la Provincia del Chaco”. La noticia fue un escándalo nacional. “Una jueza chaqueña ordenó detener a un intendente, otra lo frenó”, fue el título del diario Perfil.

En su requerimiento fiscal, Sabadini catalogó a la medida tomada por Pereyra como “aventura jurídica insólita y descabellada”. Además, señaló que la misma fue tomada en “tiempo récord” sin tener en cuenta si quiera la opinión de los funcionarios judiciales actuantes en la causa.

“El imputado (Nievas) interpuso sorpresivamente una acción de habeas corpus ante el fuero penal ordinario en el intento de truncar el cumplimiento de la orden de detención, siendo aún más insólito y descabellado, el dictado de un fallo judicial por parte de la Jueza Pereyra, otorgando andamiaje a esta aventura jurídica, debiendo agregarse, el dato no menos importante, de que el pronunciamiento fue dictado en tiempo record y sin el requerimiento de informe previo alguno que permita afirmar la existencia de una mínima sustanciación”, argumentó Sabadini.

“En este escenario, el dictado de la resolución judicial aquí ventilada adquiere una gravedad institucional inusitada, de cara a la denostada y deliberada obstrucción que importa del normal desenvolvimiento de un proceso penal de competencia federal, en que se investigan hechos ilícitos de criminalidad económica compleja y organizada relacionados a hechos de corrupción que involucran fondos del erario público Nacional, y que siendo de dominio público no resultan ajenos al conocimiento de la Magistrada Provincial”, añadió.

Para Sabadini, “bajo este prisma es que deben analizarse, como punto medular, la palmaria  arbitrariedad que impregna la resolución judicial y que sumada a la evidente falta de jurisdicción y competencia material para su dictado, la tornan un acto claramente ilícito”.

Finalmente, pidió que la Jueza Federal, Zunilda Niremperger, habilite una investigación para determinar si Pereyra cometió los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y encubrimiento agravado por ser el hecho precedente especialmente grave, “sin perjuicio que en el curso de la pesquisa pudiere resultar un compromiso en orden a otros tipos penales”.