A la presentación formulada esta semana por 10 fiscales de
la provincia por presuntas irregularidades cometidas durante distintos procesos
penales, se le sumó una denuncia más: la del Fiscal Federal de Resistencia,
Patricio Sabadini. Sabadini pidió que se le abra una causa por presunto abuso
de autoridad, prevaricato y encubrimiento agravado luego de que la Jueza de
Garantías 1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra hiciera lugar a un
hábeas corpus a favor del intendente de Castelli, Alberto Nievas, evitando así
que la Justicia Federal concrete su arresto en una causa donde se lo investiga
por enriquecimiento ilícito y lavado.
La Jueza de Garantías 1 de Resistencia, María de las
Mercedes Pereyra, sigue acumulando denuncias. Esta semana, el Superior Tribunal
de Justicia confirmó que se le iniciará una información sumaria para evaluar si
Pereyra cometió arbitrariedades en su función teniendo como base una
presentación firmada por nada menos que diez fiscales penales.
En su escrito, los fiscales denunciaron el sistemático
rechazo de la magistrada a pedidos de prisiones preventivas sumado al otorgamiento
de excarcelaciones exprés. En algunos casos, mediante fianzas por montos muy
bajos. Además, señalaron que la mayoría de las decisiones de Pereyra son
revocadas por la Cámara de Apelaciones, lo que ratificaría la endeblez de sus
fallos.
Ahora, a esta denuncia -que podría derivar en un Jury de
Enjuiciamiento- se le suma otra más: la realizada por el fiscal Federal de
Resistencia, Patricio Sabadini. ¿Por qué motivo? En noviembre del año pasado,
en medio del escándalo derivado de la causa conocida como Lavado III (donde se
investigan los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito mediante
el desvío de fondos de obra pública) la Justicia Federal ordenó la detención de
varias personas. Entre ellas, el intendente de Castelli, Alberto Nievas (hoy en
prisión).
En ese marco, se generó una conflicto jurisdiccional ya que
la defensa de Nievas presentó un hábeas corpus a la Jueza Pereyra para evitar
su detención y la magistrada se lo concedió, aduciendo que Nievas tenías
fueros.
La magistrada determinó “dejar sin efecto toda orden de
detención que recaiga sobre el mencionado, mientras permanezca bajo la vigencia
de la inmunidades que le confiere el Art. N° 195 de la Constitución de la
Provincia del Chaco”. La noticia fue un escándalo nacional. “Una jueza chaqueña
ordenó detener a un intendente, otra lo frenó”, fue el título del diario
Perfil.
En su requerimiento fiscal, Sabadini catalogó a la medida
tomada por Pereyra como “aventura jurídica insólita y descabellada”. Además,
señaló que la misma fue tomada en “tiempo récord” sin tener en cuenta si quiera
la opinión de los funcionarios judiciales actuantes en la causa.
“El imputado (Nievas) interpuso sorpresivamente una acción
de habeas corpus ante el fuero penal ordinario en el intento de truncar el
cumplimiento de la orden de detención, siendo aún más insólito y descabellado,
el dictado de un fallo judicial por parte de la Jueza Pereyra, otorgando
andamiaje a esta aventura jurídica, debiendo agregarse, el dato no menos
importante, de que el pronunciamiento fue dictado en tiempo record y sin el
requerimiento de informe previo alguno que permita afirmar la existencia de una
mínima sustanciación”, argumentó Sabadini.
“En este escenario, el dictado de la resolución judicial
aquí ventilada adquiere una gravedad institucional inusitada, de cara a la
denostada y deliberada obstrucción que importa del normal desenvolvimiento de
un proceso penal de competencia federal, en que se investigan hechos ilícitos
de criminalidad económica compleja y organizada relacionados a hechos de
corrupción que involucran fondos del erario público Nacional, y que siendo de
dominio público no resultan ajenos al conocimiento de la Magistrada
Provincial”, añadió.
Para Sabadini, “bajo este prisma es que deben analizarse,
como punto medular, la palmaria
arbitrariedad que impregna la resolución judicial y que sumada a la
evidente falta de jurisdicción y competencia material para su dictado, la
tornan un acto claramente ilícito”.
Finalmente, pidió que la Jueza Federal, Zunilda Niremperger,
habilite una investigación para determinar si Pereyra cometió los presuntos
delitos de abuso de autoridad, prevaricato y encubrimiento agravado por ser el
hecho precedente especialmente grave, “sin perjuicio que en el curso de la pesquisa
pudiere resultar un compromiso en orden a otros tipos penales”.