FUENTE: CENTROMANDELADDHH
Después de liderar durante los últimos tres años la tabla
del total de provincias que más desmontaron en el país, el Gobierno Chaqueño
ahora pretende avanzar aún más contra lo que queda de los montes nativos
ubicados en la región conocida como El Impenetrable. Estos montes están en zona
protegida (Categoría II – Amarilla) según el mapa de la OTBN, en donde no se
puede deforestar ni desarrollar ningún tipo de actividad agrícola,
especialmente la agricultura transgénica, intensiva e industrial.
La embestida del Gobierno chaqueño pretende ocultarse bajo
un ropaje de legalidad con lo que denominan el proceso de “Actualización del
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del Chaco
(OTBN)”. Parece que no entendieron ni tomaron nota sobre las catástrofes que
están ocurriendo en el norte argentino, con inundaciones y sequías extremas,
seguidas una de otras sin interrupciones, producto de los desmontes que
autorizaron los gobiernos provinciales para ampliar la frontera agropecuaria
transgénica.
Todo indica que el Gobierno del Chaco apuesta a más cambio
climático, o sea a más situaciones de emergencias y catástrofes, simplemente
para responder a la lógica de los negocios del modelo agropecuario industrial
instalado por ocho multinacionales que manejan –en última instancia- todos los
resortes de los modelos de producción, consumo y agro-exportación de la
República Argentina.
De ese modo ya destruyeron una buena parte del ecosistema de
El Impenetrable. Ahora van por todo, poniendo en mayor crisis el balance
ambiental de las zonas atacadas y en mayor riesgo el frágil equilibrio de
biodiversidad y de bioseguridad en esas regiones. Se agregan los desmontes
clandestinos y semiclandestinos, que son aquellos en que la deforestación se
extendió en mayor superficie que las autorizadas por la Subsecretaría de
Recursos Naturales y/o la Dirección de Bosques.
La estafa ambiental que se debe parar
La irracional profundización de los desmontes, que ya afectó
el balance y el equilibrio ambiental del territorio chaqueño, con severos
impactos negativos en lo social, económico y sanitario, se inició a partir de
la decisión política del gobernador Domingo Peppo, quien sancionó el Decreto
233/17 a través del cual creó la Unidad Ejecutora para “actualizar” el ordenamiento de los
montes nativos en Chaco, con eje en el Ministerio de la Producción.
Expresamente el gobernador dejó fuera del juego al Ministerio de Ambiente y Planificación,
que es el poder que por excelencia debe intervenir en todos los procesos de
“ampliación” de los ordenamientos territoriales.
Aquel Decreto otorgó facultades especialmente a la
Subsecretaría de Recursos Naturales, a cargo del abogado Luciano Olivares,
funcionario público reconocido por sus vínculos con los explotadores forestales
y con las grandes empresas sojeras, girasoleras y maiceras que concentraron la
compra de campos con montes en zonas protegidas.
Los megaproductores, especialmente cordobeses, obtuvieron
permisos para deforestar con la directa intervención de la Dirección de
Bosques, que generalizó un procedimiento excepcional de cambio de uso de suelos
y pasó a entregar permisos de desmontes por un total de 26.100 hectáreas en
solo siete meses, en el período comprendido Octubre de 2016 a Abril de 2017,
que ahora pretenden blanquear recategorizando regiones por medio de la
“ampliación de la OTBN”, que se anticipa como la gran estafa ambiental en el corto
plazo, salvo que la comunidad organizada logre parar este plan atroz.
Proyectadas las 26.100 hectáreas desmontadas en el período
señalado, es posible comprender que Greenpeace haya denunciado públicamente que
se intervinieron 51.768 hectáreas desde 2016 hasta fines de 2018. El CENTRO
MANDELA ya sostuvo que las recategorizaciones fueron tramposas y destinadas a
la frontera agropecuaria transgénica en regiones protegidas –Zona Amarilla,
Categoría II- según el Mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo
chaqueño (OTBN).
Fuerte compromiso de Greenpeace y del “Grupo OTBN”
Apenas se conoció la “ampliación” del ordenamiento
territorial que planea el Gobierno chaqueño se conformó el “Grupo OTBN”, que es
un espacio heterogéneo pero intenso y muy activo para debatir y cuestionar el
plan del gobernador Peppo. Con muy buenos reflejos compartidos se generó la
participación y el compromiso de todos los integrantes, como también de parte
de Greenpeace, representada por Noemí Cruz.
Conformado el grupo, comenzó el ciclo de esclarecimiento,
presentaciones y denuncias para evitar que se legalicen desmontes en zonas
protegidas, que se vienen ejecutando en el Chaco, aunque todavía no se
transformó en un bochorno para el Gobierno chaqueño cuando finalmente sea puesto
en evidencia de que las resoluciones y disposiciones del Ministerio de la
Producción del Chaco violan sistemáticamente la Ley de Presupuestos Mínimos
(Ley 26.331), provocando daños ambientales severos e irremediables en el corto
y mediano plazo.
El “Grupo OTBN” en una de sus primeras presentaciones
solicitó la suspensión de todo el proceso de “ampliación” del ordenamiento
territorial que planeó el Gobierno. El primer paso fue suspender la realización
del taller en Los Frentones (11/12/2018). Los cuestionamientos fueron volcados
y sintetizados en un escrito que firmaron y al que adhirieron Elizabeth
Bergallo, Ricardo Tiddi, Inés Aguirre, Rolando Núñez, Anahí Collet, Noemí Cruz,
Emilio Spataro, María Luisa Pizzi, Fernando Ariel Santiago, Manuela Kura, Ivana
Ghione, Facundo Vargas, Mabel Dalmas Artus, Jorge Collet, Natay Collet,
Audencio Zamora, Lucas Matías Giraudo, Federico Rossiani e Ivana Malvina
Toncheff.
Greenpeace denunció en noviembre último que Chaco ha
recategorizado 67 campos, abarcando 51.768 hectáreas de bosques nativos
ubicados en zona protegida (Categoría II – Amarillo). La organización
ambientalista denunció al Gobierno chaqueño porque otorgó permisos de desmontes
ubicados en regiones prohibidas antes de comenzar el proceso de ampliación del
OTBN. Acusó al Gobierno del ingeniero Peppo de violar las pautas establecidas
por la Ley Nacional de Bosques y su decreto reglamentario, como también con lo
determinado por la resolución del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA).
La organización ambientalista internacional viene
desplegando fuertes acciones de esclarecimiento en medios masivos de
comunicación de lo que sería una nueva estafa ambiental. En una de las últimas
intervenciones sumó a los reconocidos actores Mercedes Morán y Joaquín Furriel
“a la campaña para defender los bosques nativos del Impenetrable chaqueño” y
denunció que “en los últimos 2 años, permisos ilegales concedidos por el
gobernador de la provincia provocaron la destrucción de más de 50 mil hectáreas
de bosques”.
Noemí Cruz, jefa de la Campaña de Bosques de Greenpeace,
expresó: “Se pretendía un proceso disfrazado de participativo pero en el que
pocos participaran. Ya han modificado de facto por disposiciones irregulares,
las categorías del Ordenamiento Territorial, al autorizar desmontes donde la
ley no lo admite; esto es algo que debe ser detenido y remediado”.
Chaco y Salta unidos por los desmontes que generan
inundaciones y sequías
Chaco se expone abiertamente a que organismos nacionales,
como la Auditoría General de la Nación (AGN) o el Defensor del Pueblo de la
Nación, terminen denunciando el entramado legal provincial como un mecanismo
para violar las pautas nacionales de protección al medio ambiente, los recursos
naturales y, específicamente, el monte nativo chaqueño ubicado en zona
protegida.
Así ocurrió en Salta en donde la AGN acusó a esa provincia
de crear un “marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales
sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los
bosques nativos”.
Según consta en los registros de la Dirección de
Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de
Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto
3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones
otorgadas por esa provincia para cambiar los valores de conservación
comprendieron 32 fincas (campos), que en total sumaron una superficie de
144.984 hectáreas”.
La Auditoría General de la Nación indicó que estos desmontes
fueron y son ilegales pues la normativa provincial violaba leyes nacionales.