FUENTE:Centro Mandela DD.HH. Centro de Estudios e Investigación
Social
Un ex empleado de la Tesorería del Instituto Provincial de
Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) habría obtenido ganancias millonarias a
través de ventas de materiales de construcción que debían destinarse al
Programa Nacional de Erradicación de Viviendas Rancho. Ricardo Donato Retamozo
denunció las operaciones que se habrían realizado bajo la presidencia de José
Valentín Benítez.
La primer denuncia que realizó Ricardo Donato Retamozo fue
presentada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en marzo
de 2018. Posteriormente, ya en el mes de abril, el mismo denunciante se
presentó ante la Fiscalía Federal que encabeza Patricio Sabadini. Ante este
funcionario contó, con detalles muy precisos y llamativos, todos los
movimientos que hacía la unipersonal empresa RA Construcciones, de su hermano
Omar Naldo Retamozo y el trascendente vínculo de la empresa con un tercer hermano,
Rubén Antonio Retamozo, quien era funcionario de la Tesorería del IPDUV. El
denunciante lo apuntó a RA como el presunto cerebro de la organización y
funcionamiento de la empresa, a la que achacó que se transformó en una fuente
de facturación sin obras a partir de la presidencia de José Valentín Benítez.
De los tres hermanos Retamozo el único que no podía tener
vínculo formal con la empresa era el empleado del Instituto de Viviendas, que
creó la constructora RA. Esta sigla se asemeja a un homenaje que favorecía a
Rubén Antonio. Según figura en la denuncia, la idea de formar la empresa RA
Construcciones surgió luego de que vieran como se “malversaban” recursos en los
tiempos de la gestión radical de Félix Zarabozo en el IPDUV, cuando Roy Nikisch
era gobernador. El denunciante señaló que, siguiendo esas presuntas prácticas,
los hermanos inscribieron y dieron vida a la empresa constructora. Casi
automáticamente logró ganar en el último tramo del gobierno de Nikisch una
licitación para la construcción de 15 viviendas en La Tigra. Según el
denunciante, esa fue la única obra adjudicada a RA Construcciones, que continuó
facturando al IPDUV como proveedor de materiales para la construcción.
Los primeros millones
El dinero grueso comenzó después de que terminaran la
construcción de las 15 viviendas en La Tigra. En 2009 Rubén Antonio decidió
retirarse del IPDUV. Se fue pero allí quedaron aceitados contactos que le
permitieron realizar negocios
florencientes.
El principal negocio llegaría con la gestión de José Valentín
Benítez, específicamente con la ejecución del Plan Nacional de Erradicación de
Viviendas Rancho destinado a “proveer de materiales a personas carenciadas para
refacción de sus viviendas”.
El mecanismo no era ninguna novedad. Se eligieron empresas
constructoras o polirrubros que montaban operaciones presuntamente ficticias.
“Los materiales nunca fueron comprados por las empresas y proveedores
particulares ni vendidos al IPDUV, no se entregó a los beneficiarios del plan,
sino que sustrajeron dichos fondos públicos”, apuntó Ricardo Donato Retamozo
con todas las letras.
La ruta del dinero R
El denunciante afirmó
que su hermano, ex funcionario de la Tesorería del IPDUV, rellenó facturas de su puño y letra que simulaban ventas de
materiales al Instituto. A cambio, habrían recibido 27 millones de pesos en
2011. También reveló Ricardo Donato que Omar Naldo Retamozo, en los papeles
titular de la constructora, personalmente retiraba los fondos en la sucursal
del Nuevo Banco del Chaco de la localidad de San Bernardo. Las extracciones
variaban de 300 mil a 800 mil pesos, que
no llamaron la atención de los investigadores, el Nuevo Banco del Chaco y la
UIF, a pesar de que era intenso el movimiento de dinero físico. No tuvieron en
cuenta que en esa época el dólar cotizaba a 4,32 pesos. Por lo tanto, la
empresa unipersonal que no construía viviendas manejó recursos públicos
equivalentes a 6 millones de dólares.
Hasta los integrantes de la organización entendieron que el
volumen de los movimientos de fondos podría llamar la atención de los que
investigan y de los que rutinariamente controlan los movimientos financieros.
El denunciante afirmó que los contactos de R.A. Retamozo dentro del IPDUV le
advirtieron que no podía seguir teniendo ese flujo de facturación y le indicaron
que sería necesaria crear otra empresa. Así nació el “Grupo RD”, de Ricardo
Donato Retamozo, quien fue el que realizó la denuncia, se autoincriminó y
entregó el talonario original a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
en el mes de marzo. Allí denunció que Rubén Antonio Retamozo rellenaba de puño
y letra las facturas de la nueva empresa unipersonal, el “Grupo RD”, que pagaba
el IPDUV.
El denunciante destacó que el Instituto transfirió, por
presuntas operaciones ficticias, aproximadamente 4 millones de pesos al “Grupo
RD”. Los retiros de los fondos fueron efectuados por Ricardo Donato la Casa
Central del Nuevo Banco del Chaco. Cada extracción fluctuaba entre 300 mil a
400 mil pesos. Parece que la coordinación entre el Instituto y los Retamozo era
tan aceitada que una funcionaria de Tesorería del IPDUV los llamaba para
avisarles que los fondos estaban depositados y que tenían que pasar a
retirarlos del banco.
Ricardo Donato Retamozo describió la ruta de esos dineros.
En la primera etapa RA Construcciones retiraba los fondos de la Sucursal de
Banco del Chaco de la localidad de San Bernardo. Después, “Grupo RD” extraía de
la Casa Central de dicha banca en Resistencia. La plata viajaba hasta la
vivienda de Omar Naldo en La Clotilde. Por el servicio que prestaba cada
hermano, titulares de las dos empresas unipersonales cobraban entre 5 mil a 10
mil pesos y el resto –afirmó el denunciante- quedaba en poder de Rubén Antonio,
que explicaba que el reparto global de los fondos se haría después, aunque con
la aclaración de que el 50% tendría que retornar a los funcionarios del IPDUV
que compartían el negocio. Por ese motivo es que aparentemente los funcionarios
corruptos del Instituto urgían que retiraran los fondos del banco para
asegurarse el pago rápido de los retornos.
Ricardo Donato Retamozo aseguró que la plata era
transportada desde La Clotilde a la sede del IPDUV en cajas plásticas azul,
entregadas en la Secretaría General del organismo. Allí una funcionaria
entregaba una caja azul similar, pero vacía. No había que levantar sospechas.
El denunciante señaló todos los nombres en su denuncia, con tanta precisión que
produce asombro.
La mitad que le correspondía los Retamozo, según la
denuncia, se guardaba en un concesionaria de automóviles por calle Cangallo al
800, que todavía opera y tiene las mismas iniciales que la constructora RA. El
denunciante señaló que para seguir operando era necesario acreditar la entrega
de los materiales supuestamente comprados por las empresas a terceros.
Habitualmente se elegía a un manifestante de los que frecuentemente reclamaban
frente al IPDUV a cambio de montos que variaban entre 3 mil a los 5 mil pesos
por cada firma que representaba que recibía los materiales.
Multas simbólicas de la AFIP y nada más
El escándalo administrativo fue tal que hasta intervino la
AFIP. Es que el flujo de fondos era justificado con facturas presuntamente
apócrifas de supuestos corralones y proveedores, todos responsables inscriptos.
Las facturas servían para disimular a la baja la renta neta que obtenían.
AFIP le aplicó una multa a RA Construcciones de 800 mil
pesos y otra al “Grupo RD” por 80 mil pesos. Un contador, en nombre de ambas
empresas, gestionó un plan de pagos. La multa de 800 mil se paga en cuotas de
20 mil pesos en un plazo de 10 años. La otra en cuotas de 5.500 pesos en un
plazo de 3 años y ya está cancelada. Fueron prolijos y cumplidores para pagar
las cuotas.
También está denunciado el uso del dinero. El ex funcionario
del IPDUV, Rubén Antonio Retamozo, compró -entre otras cosas-, un terreno de
amplias dimensiones en calle Fontana al 700 que figura a nombra de su pareja,
un departamento en el edificio COPERVI, de los trabajadores del Instituto de
Viviendas, según el detalle, uno de los más grandes y con cochera, un dúplex en
el Barrio Provincias Unidas, que está en alquiler.
Las revelaciones a la Justicia también alcanzan a otro ex
empleado del Instituto de Viviendas, Alejandro Roganovich. Como su antiguo
compañero de trabajo, creó una empresa constructora denominada INTECNEA.
Ricardo Donato Retamozo denunció que en 2011 esa empresa construyó un edificio
de varios pisos en calle José Hernández. En ese edificio el cerebro de RA
Construcciones compró otro departamento con cochera. En el mismo inmueble dos
funcionarias del IPDUV compraron departamentos con cocheras.
La historia se completa con otras operaciones que ya se
vieron en otros casos investigados como las causas Lavado I y II, en las que se
comprobaron las compras de autos de alta gama, embarcaciones y viajes por el
mundo, que los chaqueños ya vieron y que todavía no investigan.
Confusión en las redes sociales
En el mes de marzo, en medio de los allanamientos ordenados
por la Justicia Federal y la detención de Horacio Rey dispuesta por la Justicia
chaqueña, en las redes sociales trascendió parte del texto de lo que parecía
ser otra denuncia en la que un tal Retamozo hablaba de negocios familiares,
traiciones y hechos delictivos que podrían estar relacionados con lo que en ese
momento comenzaba a tomar estado público.
Uno de los investigados fue Ariel Retamozo, que luego fue
apresado como presunto partícipe de las maniobras que también acabó con las
detenciones de Horacio Rey, Roberto Lugo y Claudia Soledad Varela en la causa donde se investiga
el manejo de los fondos destinados al pago de publicidad y propaganda. Después
apareció Ricardo Donato Retamozo y se generó una curiosa confusión que
intensamente recorrió las redes sociales, aunque luego estableció que éste
último no tenía nada que ver con el Lavado I.
Varios meses después se supo que las capturas de texto que
circulaban por redes sociales correspondían a la denuncia realizada por Ricardo
Donato Retamozo, que no tenía ningún parentesco con Ariel Retamozo, pareja de
Claudia Soledad Varela y detenido en el Lavado I. La nueva causa que debió
iniciarse no tuvo relación con el expediente en el que se investiga el manejo
de fondos destinados al pago de pautas de publicidad. La denuncia de Retamozo
específicamente hacía referencia al manejo de recursos públicos en el Instituto
Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV).