Por Irina Hauser. Macri, el presidente de Argentina le hace una demanda multimillonaria al estado argentino. Con la complicidad de la Justicia, el Grupo Macri continúa su estrategia dilatoria en el caso del Correo Argentino. Tiene una deuda acumulada de 4 mil millones de pesos que no paga y apuesta a ganar una demanda al Estado.
Una nueva presentación judicial del Correo Argentino, del Grupo Macri, que pide definiciones en una demanda que lo habilite a reclamar millones de pesos en lugar de pagar su deuda con el Estado y la demora de un año de la Auditoría General de la Nación (AGN) en entregar un informe que se hizo por insistencia del Gobierno tras la denuncia de la fiscal Gabriela Boquin–quien puso freno a un acuerdo “ruinoso” para las arcas públicas– muestran que ha sido efectiva la estrategia para que la empresa de la familia presidencial gane tiempo y permanezca eximida de sus obligaciones. Mientras el sistema judicial y el Estado le hacen el juego, el Correo sigue sin pagar su deuda acumulada desde 2001, hoy superior a 4000 millones de pesos, y dobla su apuesta a ganar su demanda económica contra el Estado, en la que reclama intereses más altos de los que se había acordado pagar.
Pasado mañana se cumple un año desde el día en que el Correo y representantes del Gobierno debieron sentarse a concretar un acuerdo justo en una audiencia ante la Cámara Contencioso Administrativo, después que la fiscal Boquín denunciara y lograra frenar un pacto firmado a mitad de 2016 donde el representante estatal aceptaba casi la total condonación de la deuda de la empresa, que en sus orígenes rondaba los 300 millones de pesos pero se multiplicó por los intereses. Era el famoso anuncio de “foja cero” del Presidente. Pero el nuevo encuentro (una suerte de Macri-Macri) no sucedió. El Estado pidió una prórroga de 120 días y el Correo aplaudió. Los 120 días se convirtieron en más de 365 y una de las excusas fue que se tenía que expedir la AGN, que es el órgano de control externo de las cuentas y manejos estatales.
En medio del revuelo de un año atrás, salió a la luz también que el Correo generó otras demandas en forma paralela al expediente concursal para reclamar que le devuelvan millones de pesos, por perjuicios que dice haber sufrido después de la expropiación durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se llegaron a generar cinco expedientes que confluyen entre sí. Hay dos que son los medulares: uno ante la jueza en lo contencioso administrativo Macarena Marra, donde la empresa pide 2.300 millones más intereses, a tasas que rondan el doble de lo que ofrecían pagar como deuda, hasta el valor de la tasa activa, que oscila entre 27 y 29 por ciento. En otro expediente, ante la jueza Claudia Rodríguez Vidal, plantean la inconstitucionalidad del decreto 721/04 que creó el Correo Oficial.
Como es evidente, si Rodríguez Vidal hace lugar a la inconstitucionalidad, dará el plafón que pretende el Correo para obtener lo que dice que debe ser un resarcimiento. Por eso, en uno de los últimos movimientos en la táctica del Grupo Macri, el abogado del Correo, Jaime Kleidermacher, se presentó para reclamar que se “dicte sentencia” sobre ese tema, un apuro que la empresa no mostró en 17 años por definir el expediente concursal. En la causa que tramita Marra Giménez, es donde la firma definió sus pretensiones económicas: cerca de 1.800 millones por inversión en instalaciones que pasaron a manos estatales y más de 500 millones por “daños contractuales” por supuestos pagos de canon en exceso, “servicios impagos” y “bienes no inventariados”, entre otras cosas.
El expediente donde tramita el concurso de acreedores, donde debió hacerse el acuerdo razonable para el pago de la deuda del Correo, está prácticamente paralizado desde marzo del año pasado, entrampado en una sucesión de circunstancias asombrosas. El expediente propiamente dicho está ahora en un juzgado federal, el de Ariel Lijo, que lleva adelante una causa penal que involucra hasta al presidente Mauricio Macri, además de al ex titular del Ministerio de Comunicaciones Oscar Aguad, su representante legal, los síndicos de la quiebra y el juez de primera instancia. La causa se derivó denuncia inicial de Boquín y otras posteriores. En teoría, por ley, Lijo no lo podría tener más de cinco días, pero lo tiene al menos desde fines del año pasado. Eso explica, en parte, que ni la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, ni la cámara, adopten grandes definiciones. Pero, además, Boquín denunció maniobras de vaciamiento de parte de las controlantes del Correo, las empresas del Grupo Macri Socma y Sideco, a las que acusa entre otras cosas de ocultar bienes y operaciones.Por este asunto el Correo intenta sacarla del caso, y ahora está en plenos intentos por llevar esa discusión hasta la Corte. Como telón de fondo, se suponía que todo estaba también a la espera del famoso informe de la AGN, que preside el peronista Oscar Lamberto.