fuente: CENTRO MANDELA DD.HH.
Son parte del centenar de ex y actuales intendentes de once
provincias que fueron citados a indagatoria por el juez federal Claudio
Bonadío, bajo la sospecha de haber desviado fondos por más de 600 millones de
pesos que recibieron del Estado en el marco de los Programas Municipales para
la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre 2013-2015. En esta causa
están procesados por administración fraudulenta los exjefes de Gabinete, Aníbal
Fernández y Jorge Capitanich.
Antonio Rodas, Claudia Panzardi, Gerardo Cipolini, Daniel
Capitanich y Hugo Sager, entre los convocados por el juez Bonadío.
En el marco de la causa medioambiental que investiga el
destino de 600 millones de pesos, de los que se beneficiaron más de 190
municipios entre 2013 y 2015, el Juez Federal, Claudio Bonadío, ya comenzó a
tomar declaración indagatoria a parte de los jefes comunales, para saber si el
dinero fue a parar a las obras que se planificaron.
La lista llega a los cien ex y actuales jefes y jefas
comunales provenientes de las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa,
Río Negro, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe,
Misiones y también del Chaco.
Según publicó la revista La Tecla, los chaqueños citados
son: Claudia Panzardi (Laguna Blanca); Mateo Daniel Capitanich (Campo Largo);
Gustavo Karasiuk (Pampa del Indio); Ángel González (Capitán Solari); Francisco
Winnik (La Escondida); Alfredo Pastor (Du Graty); Gustavo Steven (Santa
Sylvina); Carlos Andión (Pampa del Infierno); Hugo Sager (Puerto Tirol); Walter
Correa (Fuerte Esperanza); Alicia Leiva (Colonias Unidas); Eladio Aguirre
(Charadi); Elba Lezcano (Samuhu); Jorge Batalla (Presidencia Roca); Aldo Leiva
(General San Martín); Susana Simonfski (Villa Ángela); Gerardo Cipolini (Sáenz
Peña); Jorge Rodriguez (Vedia); Oscar Nievas (Castelli); José Carbajal (La Leonesa);
Gustavo Palacios (Tres Isletas); Pedro Bodnarczuk (Chorotis); Lorenzo Heffner
(Bermejito); Héctor Vega (Machagai); Carlos Ibañez (Taco Pozo); Pedro Maidana
(Colonia Elisa); Antonio Rodas (Fontana); Estela Mitoire (Eduvigis); Diógenes
Requena (Hermoso Campo); Rosario Ávalos (Eva Perón) y Alfredo Zamora
(Quitilipi).
Panzardi será la primera en declarar. Está citada para el 28
de agosto. En tanto que el último será Luiz Zamora, quien tiene fecha para el
26 de octubre.
Las citaciones a los intendentes tendrán por objetivo “saber
dónde está la plata que no está en las tareas proyectadas” en el plan de
residuos, contaron fuentes tribunalicias.
Cabe recordar que el programa de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos demandó 604.529.670 pesos y se cree que es la suma de
la defraudación. Para el Juez Bonadío, hubo una “transferencia irregular de
sumas de dinero de las arcas del Tesoro a municipios” para lo que denominó
“supuestos proyectos” de remediación ambiental.
En la citación a indagatoria, se señaló a los intendentes
como “partícipes de las maniobras” investigadas y se señaló que gran parte de
los municipios “no cumplieron con lo acordado” en la aplicación de fondos.
Los fondos correspondientes se giraban desde la Nación hacia
los municipios. Los convenios eran aprobados por el Jefe de Gabinete para
finalmente, transferirse el dinero al municipio requirente.
Durante los tres años que se investigaron, se presentaron
634 solicitudes, pero sólo 212 culminaron con las respectivas transferencias
del dinero, señaló el juez Bonadio. “La Ciudad de Buenos Aries, Catamarca,
Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego no recibieron asignaciones
de fondos; y sin embargo, municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco,
Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79% de los fondos asignados por el
proyecto, siendo que tres de estas provincias generaban un mínimo porcentaje de
residuos a nivel nacional”, indica su resolución.
La causa comenzó con la denuncia de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del
ministerio de Medio Ambiente, después de un informe realizado por la SIGEN que
detectó varias irregularidades: carencia de un mapa crítico de las
municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos
sólidos, incumplimiento de requisitos exigidos para acceder al programa, falta
de control interno en la ejecución de los proyectos, modificaciones e
incumplimientos en la realización de las obras, entre otros puntos.
El programa tenía el objetivo mejorar la gestión sustentable
de residuos sólidos urbanos (la basura domiciliaria), a través de la
financiación de proyectos municipales de todo el país. Se buscaba la
eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos
sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, el montaje de plantas de
separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de
equipamiento complementario.
fuente CENTROMANDELA DDHH